Comunicado de OEA

de diciembre de 2009





,PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA

SR. JOSÉ MIGUEL INSULZA,

EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PERMANENTE SOBRE

LA SITUACIÓN EN HONDURAS



Washington, DC - 3 de diciembre de 2009



Esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente ha sido citada para analizar dos acontecimientos importantes en el proceso desencadenado en Honduras por el golpe de Estado del 28 de junio: 1) las elecciones del 29 de noviembre y 2) la sesión del Congreso del 2 de diciembre.

Usted ha tenido, Señor Presidente, la prudencia de convocar esta sesión cuando todos los Estados miembros han tenido ya tiempo para conocer los resultados de ambos eventos y reflexionar sobre los cursos de acción al respecto. Por ello, no abundaré en detalles acerca de los hechos mismos, salvo los principales, remitiéndome a acompañar algunos documentos que pueden ser de interés para complementar la información que ya tiene el Consejo.

Lo que deseo hacer en esta ocasión es entregar mi propia visión de lo ocurrido y formular algunas propuestas concretas acerca de lo que podemos hacer para enfrentar la nueva situación, manteniendo la unidad de propósito que ha sido nuestro principal instrumento en los meses recientes

.

He dicho en varias ocasiones que uno de los grandes logros de la OEA en esta crisis ha sido mantener esa unidad, incluso dentro de las naturales diferencias de apreciación sobre algunos temas, y convocar con ello a toda la comunidad internacional a seguir nuestra orientación.

Por ello, hay un hecho irrebatible incluso para quienes tienen perspectivas diversas: ningún país del mundo ha reconocido al régimen de facto de Roberto Micheletti y ninguno lo reconocerá tampoco durante su ejercicio ilegítimo en el poder.

Espero que en este debate de hoy, podamos mantener ese espíritu. De ello depende que la comunidad internacional pueda seguir haciendo su contribución al retorno de la democracia en Honduras

En la cronología que hemos distribuido con anterioridad acerca de nuestras múltiples acciones en los últimos cinco meses, resaltan algunas resoluciones que mantienen en lo esencial su vigencia.

Primero, las decisiones unánimes del Consejo Permanente del 28 de junio, así como de la Asamblea General extraordinaria del 1 y 4 de julio. De esos textos fluyen acuerdos que, a mi juicio, se encuentran plenamente vigentes:

a) la condena a la remoción ilegítima del Presidente Constitucional José Manuel Zelaya, calificada inequívocamente como un golpe de Estado,

b) la exigencia de restablecimiento del orden constitucional en Honduras que incluye explícitamente el retorno del Presidente Zelaya a sus funciones,

c) el total desconocimiento del régimen de facto y de sus acciones

d) la suspensión del Estado de Honduras de su participación en la OEA, en aplicación estricta de la Carta Democrática Interamericana,

e)

la realización de gestiones diplomáticas para llevar a cabo nuestros propósitos, con la declaración explícita de que ninguna gestión en este sentido pueda entenderse como un reconocimiento directo o indirecto del Gobierno de facto.

Es a la luz de este mandato, preciso y exigente, que hemos realizado todas nuestras acciones, desde la solicitud formulada el día 6 de Julio al Presidente Oscar Arias de actuar como mediador en la crisis; a la adopción de hecho de la propuesta llamada Acuerdo de San José del 22 de julio, como la guía de las demandas de la comunidad internacional; a la primera visita de la delegación de Ministros de Relaciones Exteriores y del Secretario General de la OEA que realizó el 24 y 25 de agosto para presenciar la adopción del Acuerdo de San José; a la segunda misión del 7 y 8 de octubre para presenciar la instalación de una mesa de diálogo; y a la suscripción por las partes del Acuerdo Tegucigalpa – San José el 30 de Octubre.

El retorno del Presidente Zelaya a Honduras el 21 de septiembre constituyó un cambio en el escenario político, sin variar la línea fijada.

A ello se agregó, sin embargo, el cerco injustificado de la Embajada de Brasil, que en algunos momentos ha adquirido un carácter extremadamente crítico y nos obligó a incluir la demanda de respeto a la inmunidad diplomática de la Embajada de un país miembro, así como a la alta investidura del Presidente Zelaya.

Con ocasión de la suscripción del Acuerdo de Tegucigalpa-San José, cumplimos escrupulosamente los acuerdos referidos a la OEA. Designé personalmente a los dos miembros de la Comisión de Verificación (Ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos y la Secretaria de Trabajo de los Estados Unidos, Hilda Solís), así como a un conjunto de acompañantes de alto nivel algunos de los cuales han permanecido en Honduras a la fecha; y declaré, al rendir cuenta ante el Consejo Permanente del 30 de octubre nuestra disposición a enviar una Misión de Observación para las elecciones del 29 de noviembre, previo levantamiento de las sanciones, para lo cual estábamos dispuestos a convocar a una Asamblea Extraordinaria a mediados de Noviembre, si el Acuerdo suscrito se llevaba a feliz término.


Es conocido de ustedes lo ocurrido cuando los representantes internacionales llegaron a Tegucigalpa para constituir la Comisión de Verificación con los representantes nacionales (el Señor Arturo Corrales y el Señor Jorge Arturo Reina). A pocas horas de su llegada, el Señor Micheletti hizo llegar al Presidente Zelaya una nota suscrita por el Ministro de la Presidencia del Gobierno de facto, solicitándole proponer una lista de diez nombres para poder constituir el Gobierno de Unidad Nacional. Según la misma nota, similar solicitud se hacía a los partidos políticos y a organizaciones de la sociedad civil, que también debían enviar sus diez nombres.

Dicho sea de paso, en una entrevista dada ayer por el señor Micheletti dijo que aún estaba esperando que el Presidente Zelaya le mandara los diez nombres para el Gobierno de Unidad Nacional.

Esta actitud constituía una evidente tergiversación del sentido del Acuerdo de Tegucigalpa-San José, como se lo hicieron ver al Señor Micheletti los representantes internacionales de la Comisión de Verificación.

El Presidente Zelaya por su parte rechazó enviar los nombres y al día siguiente se comunicó con el Presidente Lagos y la Secretaria Solís para informarles que daba por fracasado el Acuerdo. El Señor Micheletti, por su parte, solicitó la renuncia a su gabinete para, según informó, poder constituir el Gobierno de unidad nacional. Hasta la fecha, por lo tanto, este punto crucial del Acuerdo de Tegucigalpa no ha podido ser cumplido.

En cuanto a las elecciones, ellas se efectuaron el 29 de noviembre, sin observadores de la OEA ni de Naciones Unidas ni de la Unión Europea, que son las tres organizaciones que habitualmente realizan este tipo de observación

. Igualmente rechazó realizar observación el Centro Carter, aunque sí estuvieron presentes otras organizaciones no gubernamentales.


En estas condiciones, no es posible para nosotros entregar un veredicto definitivo acerca de esta elección, que no observamos y que se produjo en circunstancias muy especiales, con estado de emergencia proclamado por el Gobierno de facto y estando pendiente el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Tegucigalpa San José. El debate acerca de la incidencia que tuvo este clima político, así como de la cantidad de ciudadanos que participaron en ella continuará por un tiempo. Las versiones entregadas por el Presidente Zelaya se apartan del conteo oficial en porcentajes cercanos al 30% de la versión oficial del Tribunal Electoral. No obstante, los observadores no contradicen en lo fundamental las cifras oficiales, especialmente en cuanto a la proclamación como Presidente electo del Sr. Porfirio Lobo. Los resultados definitivos del Congreso no han sido entregados aún.


Parece evidente que en estas circunstancias no habrá obstáculos internos a la toma de posesión, el próximo 27 de Enero, del Sr. Lobo. Es esa la realidad con que debemos contar y frente a ella deberán pronunciarse los países miembros de la OEA, que en sus recientes declaraciones mantienen las diferencias que habían ya aflorado en los debates previos a la elección.
Tres días después de la elección tuvo lugar la sesión del Congreso para decidir acerca de la restitución del Presidente Zelaya. Si bien existían pronósticos previos acerca de la posibilidad de que el Congreso, con posterioridad a la elección, permitiera generar un proceso efectivo de reconciliación anulando su decisión del 28 de Junio, esa posibilidad se disipó ya antes de la sesión. Todos los poderes que habían concurrido al golpe de estado se limitaron a repetir su decisión anterior, tanto en los informes solicitados por el Congreso como en la sesión misma.

Por si alguna duda aún cupiera acerca de un evento objetivo y sin presiones, ella fue despejada por la temprana intervención del diputado del Partido Nacional, Rigoberto Chang Castillo, Presidente de la Comisión Ordinaria de Asuntos Constitucionales, quien expresó que los diputados que cambiaran su voto en relación al 28 de junio estarían “incurriendo en un crimen violentando la Constitución y serán requeridos por el Ministerio Público”. Esa advertencia, en abierta contradicción con los estándares que rigen las deliberaciones de cualquier Parlamento era una clara amenaza: cualquier diputado que se atreviera a modificar su voto con respecto al emitido el 28 de Junio se atendría a las consecuencias. Por cierto, ninguno se atrevió a hacerlo y seguramente los escasos catorce votos a favor de Manuel Zelaya correspondieron a aquellos pocos que no habían participado en la decisión original y que paradójicamente, por lo tanto, no estaban incluidos en la amenza.

Es verdad que el Acuerdo Tegucigalpa San José permitía en su texto una decisión en uno u otro sentido. Pero ello debía ocurrir en una sesión libre de presiones, realizada tras la formación de un gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. La sesión del 2 de Diciembre fue en realidad una simple repetición del libreto del 28 de Junio, con los mismos protagonistas.

De allí que parezca claro que los eventos referidos no han servido para saldar la crisis de la democracia en Honduras. Ello requerirá de otros pasos, cuya velocidad dependerá fundamentalmente de la voluntad efectiva del nuevo gobierno a alcanzar la reconciliación nacional y específicamente de las iniciativas que el Sr. Porfirio Lobo adopte antes y después de su instalación.

Se ha puesto mucho énfasis en las diferencias que existen entre los países representados en este Consejo acerca del reconocimiento del nuevo gobierno. Las diferencias son efectivas y no pueden ser resueltas aquí: reconocer o no a otro gobierno como legitimo es prerrogativa de todo gobierno soberano y cada uno de nuestros estados tomará libremente su decisión al respecto.

Pero al margen de ello, creo que existen un conjunto de acuerdos que permanecen vigentes entre nosotros y que pueden inspirar nuestra política futura:

1. Todos los miembros de la OEA consideran que lo ocurrido el 28 de Junio pasado en Honduras fue un golpe de estado, que interrumpió el proceso democrático en ese país y poniendo fin a un período de plena vigencia democrática en el hemisferio. A pocos meses de la V Cumbre de las Américas, a la cual, por primera vez, asistieron solamente líderes democráticamente elegidos, esto constituye un retroceso innegable.

2. José Manuel Zelaya es, hasta el 27 de Enero de 2010, el Presidente Constitucional de Honduras, elegido por el pueblo hondureño para este período. Fue depuesto de manera ilegítima y, hasta el día de hoy, no ha tenido un juicio justo ni se le ha otorgado el derecho a defenderse.

3. Ningún estado del hemisferio ni del mundo ha reconocido al gobierno de Roberto Micheletti, ni anunciado intenciones de reconocerlo. Ese es un enorme éxito de nuestra Carta Democrática y constituye un precedente que debemos valorar y proteger. Se ha hablado mucho de los daños provocados a la Carta por el golpe en Honduras. Pero se ha hablado menos del precedente, que debemos afianzar hacia el futuro, asegurando que en las Américas, nadie volverá a reconocer a un régimen surgido de un golpe de estado.

4. Defender este precepto no sólo significa realizar elecciones. Una elección no borra, por si sola, la deposición forzada del Presidente constitucional, su expulsión del país y su permanencia, hasta hoy, en precarias condiciones, en la Embajada cercada de un país hermano. Todos queremos un pronto retorno de Honduras, miembro fundador de la OEA, al seno de la Organización. Pero ello sólo será posible cuando este país alcance una verdadera restauración de su régimen democrático y los efectos del golpe del 28 de Junio sean superados.

5. El Presidente que asumirá el 27 de Enero está en la mejor posición para iniciar esa restauración. El puede poner fin a la persecución en contra de José Manuel Zelaya, separarse clara y públicamente de lo ocurrido en estos meses, restablecer plenamente la vigencia de los derechos humanos y las libertades públicas y convocar a todas las fuerzas democráticas a un gran Acuerdo Nacional.

6. Al margen de la vigencia o no del Acuerdo Tegucigalpa San José, contribuiría poderosamente a normalizar la situación el cumplimiento en este período intermedio, la solución pronta de dos asuntos: a) la creación, para el período inmediato, de un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, que permita iniciar la reconciliación y evite que el nuevo Presidente reciba el mando de manos de los autores del golpe de estado; b) la normalización de la situación de la Embajada de Brasil y la plena libertad del Presidente Zelaya para vivir en su país, con respeto a sus derechos y sin más persecución. .

Al concluir, quiero reiterar que estoy seguro de que todos compartimos la voluntad de lograr que Honduras se reintegra lo más rápidamente al seno de la Organización de Estados Americanos. Estamos dispuestos a poner todo lo que podamos para apoyar la reconciliación nacional y el reencuentro de los hondureños en democracia. Y también para construir un futuro mejor. Concluir una crisis como la actual significa también plantearse grandes proyectos de futuro, en lo económico, o político y lo social. Esos proyectos también requieren de un país reconciliado, dispuesto a llevar adelante un esfuerzo de construcción nacional. Para ello, nuestros hermanos y hermanas hondureños siempre podrán contar con el apoyo de la Organización de Estados Americanos.



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