REPORTE de VIOLACIONES a DERECHOS HUMANOS em HONDURAS

Honduras. Reporte de violaciones a derechos humanos después del golpe de estado político-militar del 28 de junio de 2009. CIPRODEH 1
CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS –CIPRODEH Tegucigalpa, M.DC. 17 de julio de 2009.
HONDURAS REPORTE DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DESPUÉS DEL GOLPE DE ESTADO POLÍTICO-MILITAR DEL 28 DE JUNIO DE 2009. Ya van tres semanas de obscuridad y a nosotros: ¿Quién puede defendernos en Honduras?… testimonio víctima. Contexto previo al Golpe de Estado. Un sistema jurídico rebasado por las necesidades sociales y el conflicto político. Históricamente la Institucionalidad Democrática Hondureña ha sido considerada débil e incapaz de procesar las crecientes demandas sociales y solucionar los conflictos de corte estructural que subyacen a su seno. En el año 2007 los institutos de investigación internacional Fondo por la Paz y Foreign Policy ubicaron a Honduras en el lugar número 98 de 121 países, definiéndolo como un Estado Fallido por su grado de vulnerabilidad a los conflictos violentos internos y el deterioro de la institucionalidad formal. Para esa fecha Honduras presentaba fuertes rezagos en los 12 indicadores para evaluar la vulnerabilidad y la propensión de un Estado hacia el colapso o el conflicto.
En los dos años sucesivos se agudizaron algunos de esos factores, por un lado ha habido en la última década un crecimiento acelerado del gasto militar, justificado por las nuevas funciones asignadas a las Fuerzas Armadas (protección del bosque, apoyo a desastres naturales y actividades antinarcóticos). La Red de Seguridad y Defensa de Latinoamérica, RESDAL, definió a Honduras como el sexto país que más destina fondos a la defensa tanto en relación al PIB, como en su presupuesto general, (alrededor de 173 millones de dólares), lo que equivale al 5.45% del presupuesto nacional1 y el 1.25% del PIB siendo el país de Centroamérica que mayor gasto militar presenta y el sexto del continente.
1 Fuente RESDAL apuntando que el presupuesto del Gobierno Central en el 2008 se estimó en 61.031.063.326 de Lempiras, unos US$ 3.167.154.298.
Por otra parte, en el ámbito interno, el país en el último año ha confrontado una fuerte crisis política motivada por el inicio del llamado al proceso electoral marcado por las luchas internas al interior de tres de los cinco partidos políticos en contienda. Igualmente resaltan las fuertes fracturas en las relaciones político-institucionales entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, a raíz de los acercamientos de éste último a países miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA. Honduras. Reporte de violaciones a derechos humanos después del golpe de estado político-militar del 28 de junio de 2009. CIPRODEH 2
El conflicto político se agudizó aún más a raíz de la propuesta del Poder Ejecutivo para realizar una Consulta Popular que luego fue modificada como Encuesta de Opinión a desarrollarse el 28 de junio, dirigida a consultar a la población si estaba de acuerdo que en los comicios de noviembre de 2009 se instalase una cuarta urna en la cual se preguntaría sobre su acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Dicha propuesta alcanzo altos niveles de adhesión de la casi globalidad de las organizaciones que integran el movimiento social organizado hondureño, muchas corporaciones municipales y el apoyo del Partido Unificación Democrática que apostaban a las oportunidades que podría generar una nueva Constitución Política en términos de reducción de desigualdades históricas sociales. Muchos líderes hablaban de una nueva Carta Magna siempre y cuando no hubiese reelección sucesiva, sino alterna, mientras tanto el Presidente Zelaya expresaba ante esa inquietud tanto a los medios nacionales como en foros internacionales que entregaría el Poder el 27 de enero del 2010, y que lo que buscaba era allanar el camino para una nueva Constitución más incluyente. Igualmente del lado del conservador Partido Nacional y tras medir los niveles de popularidad del proyecto presidencial, su candidato político Porfirio Lobo a través de uno de sus diputados presentó un proyecto de Decreto para convocar a un Plebiscito para llamar a una Asamblea Constitucional en junio de 2010; también el diputado Cesar Ham, candidato presidencial de una facción de Unificación Democrática propuso un decreto de llamar a Plebiscito para los mismos fines. Sin embargo, pese a la existencia de esos tres decretos con iguales propósitos, la atención política se centro en el proyecto de la denominada Consulta (legalmente Encuesta) del Ejecutivo. El principal opositor visible al proyecto político del Presidente Zelaya fue el Presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti, amparado en alianzas fácticas con el Partido Nacional, Partido Demócrata Cristiano, un sector del Partido Innovación y Unidad y los principales grupos económicos del país, incluyendo los más poderosos medios de comunicación. Días más tarde instituciones de nombramiento directo del Poder Legislativo como el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República iniciarían una cruzada jurídica para detener por todos los medios necesarios la denominada Consulta Popular obteniéndose sentencias judiciales que le fueron notificadas a las Fuerzas Armadas y al Poder Ejecutivo anulando el decreto de la Consulta y prohibiéndole hacer actos relativos al montaje de dicha consulta; situación que el Presidente Zelaya y su gabinete de Ministros, sorteó derogando el decreto que convocaba a la consulta por uno que la convertía en una Encuesta de Opinión, misma que nunca fue anulada judicialmente en forma directa y como acto individualizado. Sin embargo, este hecho se consideró como abierta desobediencia del Ejecutivo a los mandatos del Poder Judicial, más allá de las salidas jurídicas que buscó Zelaya para no caer en una directa desobediencia.
Otro tema que elevo el clímax de los acontecimientos fue la disputa política entablada la semana previa al Golpe de Estado sobre el rol de las Fuerzas Armadas alrededor del tema de la Consulta Popular, lo que llevaría a que el Presidente Zelaya separara el 24 de junio al Jefe del Estado Mayor Conjunto Romeo Vásquez Velásquez al negarse éste a distribuir las Honduras. Reporte de violaciones a derechos humanos después del golpe de estado político-militar del 28 de junio de 2009. CIPRODEH 3
urnas para la encuesta por ser un acto que había sido prohibido por los Tribunales de la República; a lo que el mandatario respondió anunciando la separación del jefe militar en uso de sus atribuciones constitucionales y ser un funcionario de libre remoción del Poder Ejecutivo (art. 280 Constitucional).
Horas después, el día 25 de junio, esa separación del cargo fue dejada sin valor y efecto por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que aceptó dos Recursos de Amparo presentados por el Ministerio Público y un miembro activo del Partido Nacional a favor del Jefe de las Fuerzas Armadas, además que ese mismo día el Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti introdujo a la cámara un decreto para la restitución vía legislativo del titular de las Fuerzas Armadas. Ese día dos Poderes del Estado cerraron filas señalan en defensa de la actual constitución; sin embargo, para ello desarrollaron acciones inconstitucionales como ser la usurpación de las funciones del Ejecutivo por parte del Poder Legislativo, y colocar días más tarde al presidente de la República en situación de indefensión al no comunicarle que tenía procesos penales en su contra y darle golpe de Estado ordenando sacarlo del país en forma violenta haciendo uso de las Fuerzas Armadas: "estado de necesidad2" ha calificado la acción el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en tanto el vocero militar señala que la "expulsión de Zelaya fue una decisión de Estado"3. Ese mismo día el diputado Ramón Velásquez del Partido Demócrata Cristiano, vicepresidente del Congreso y allegado a Micheletti mociono para que se integrará una Comisión que investigará la conducta de Zelaya, la moción se aprobó de inmediato, integrándose la Comisión que paso a reunirse por horas en un salón separado, todo el pleno se mantuvo en vilo, pues esperaban resultados de una sesión que en separado sostenían el Presidente del Congreso, líderes políticos y empresarios del país con la supuesta participación del Estado Mayor Conjunto. Esa noche fue una vox populi que el Congreso esperaba luz verde para dar golpe de Estado al presidente de la República. Llegada la madrugada la Comisión no emitió ninguna opinión, por lo que los diputados se retiraron a las 2:25 pm a sus casas seguros que algo había pasado en las Fuerzas Armadas que nos les facilitó el paso para remover al presidente, aún sin facultades legislativas.
2 La Tribuna. "Expulsión de Zelaya se debió a un estado de necesidad", Presidente Corte Suprema de Justicia. http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=19961 3 Diario Tiempo, miércoles 15 de julio de 2009, pág.6.
Ese día 25 de julio fue épico, pues en horas de la mañana también el Tribunal Supremo Electoral había solicitado al Ministerio Público recuperar las urnas de la Encuesta de Opinión que se hallaban en las instalaciones de la Fuerza Aérea, y que habrían llegado días atrás con todo el material desde la República de Venezuela. En horas del mediodía en una acción rápida fiscales del Ministerio Público se trasladan con los magistrados a confiscar las urnas, pero en ése momento el Presidente Zelaya acompañado de miles de sus seguidores se traslada a la Fuerza Aérea ordenando abrir los portones y retirando el material que estaba siendo confiscado en ése momento. Muchos dicen que ante la gran cantidad de personas que ingresaron con Zelaya a la base militar fiscales y magistrados debieron huir por salidas alterna. Esta nueva acción del presidente de la República se consideró como una de sus más graves afrentas a la institucionalidad jurisdiccional del país. Honduras. Reporte de violaciones a derechos humanos después del golpe de estado político-militar del 28 de junio de 2009. CIPRODEH 4
El día viernes 26 de junio las constitucionalmente no beligerantes Fuerzas Armadas, asumieron posición política cuando su máximo jerarca salió acompañado de la Junta de Comandantes a la Plaza Pública del Parque "El Soldado" a recibir aclamaciones del "Movimiento Unión Cívica Democrática" (organizado días atrás por los principales grupos económicos y políticos del país contra la Consulta Popular), a los que ese día se le unieron ex militares en condición de retiro y reservistas, incluyendo miembros del desarticulado Batallón 3.16 responsable de las violaciones a derechos humanos durante la guerra fría en los años 80s. "Cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. El poder Legislativo se debe al pueblo, debe aplicar sanciones y el pueblo pide que actúe rápidamente para que de una vez por todas finalice esta incertidumbre que nos está afectando a todos los hondureños", expresó en clara apología l golpe de Estado la señora Armida de López, ex designada presidencial del Conservador Partido Nacional y una de las coordinadoras de dicho movimiento. Los manifestantes gritaban al Jefe de las Fuerzas Armadas consignas, entre ellas "urge que se vaya el presidente Manuel Zelaya", a lo que el jefe militar "no beligerante" contesto: "Agradecemos esa manifestación de cariño hacia nuestra institución. Nosotros los soldados estamos para servir a nuestro pueblo. Somos el brazo armado del pueblo y estamos para servirle a él", dijo Vásquez Velásquez. Desde un par de días atrás Vásquez Velásquez sin aprobación del Poder Ejecutivo había ordenado sacar a los batallones hacia las principales entradas de las principales ciudades del país. Zelaya señalo que eso amedrentaba a la población y le ordeno retirar los militares de las calles. Para cualquier lector, entre líneas sabe que ése día la institución que ejerce el monopolio del uso de las armas por parte del Estado, sello su adhesión al Golpe de Estado, abandonando su posición de No Beligerantes, tomando una clara posición política, partidizando su función y avances democráticos de la ultima dos décadas. Dos días después, el 28 de junio las Fuerzas Armadas de Honduras serían los ejecutores materiales del segundo Golpe de Estado del siglo XXI en América Latina, cuando en horas de la madrugada capturaron violentamente y expatriaron ilegalmente hacia Costa Rica al Presidente de la República José Manuel Zelaya Rosales. Horas más tarde una mayoría de diputados del Congreso Nacional de diferentes rincones de Honduras, que "casualmente" estaban en Tegucigalpa ese domingo, emitieron el Decreto 141-2009 y ordenaron "separar" a Zelaya (no está comprendida esa atribución del Congreso en el artículo 205 sobre las facultades del Legislativo), ordenando además la "Sucesión Constitucional" a favor del presidente de ese órgano, Roberto Micheletti Bain, a quien "promovieron" como nuevo Presidente de la República.
La "sucesión constitucional" es una figura jurídica inexistente que tampoco ha sido nunca citada en toda la doctrina constitucional nacional, pero se argumenta que la misma está contenida en el artículo 239 de la Constitución de la República que señala que quien promueva la reelección constitucional cesara automáticamente en el ejercicio del cargo. Curiosamente el Decreto 141-2009 en su artículo 1º que invoca los fundamentos jurídicos de la separación y sucesión no cita en ninguna parte al artículo 239 que le servía de soporte Honduras. Reporte de violaciones a derechos humanos después del golpe de estado político-militar del 28 de junio de 2009. CIPRODEH 5
jurídico, citando sí en su exposición de motivos la renuncia a su cargo del Presidente Zelaya, que minutos más tarde negaba desde el exterior haberla firmado. En todo caso el Proceso Jurídico iniciado por el Ministerio Público invoca la desobediencia de Zelaya a las órdenes judiciales, el buscar una nueva constitución hecho tipificado como Traición a la Patria, pero en ninguna parte del expediente fiscal-judicial aparece prueba alguna de que el Presidente Zelaya buscase la reelección, con lo cual se volvía inaplicable el citado artículo 239. Ese mismo día la comunidad internacional califico el hecho como Golpe de Estado y procedió a repudiarlo y no reconocer al nuevo gobierno. A partir de allí se han decretado sendas resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Sistema de Integración Centroamericana SICA, la Organización de Estados Americanos OEA, entre otros, que demandan a las autoridades del nuevo gobierno de facto la restauración del orden Constitucional. La Asamblea de la OEA decretó el 4 de julio de 2009 la expulsión de Honduras de ése organismo al vencerse un plazo dado a las autoridades ilegalmente constituidas para que abandonen el Poder, las cuales anunciaron la denuncia de la carta de la OEA y el retiro del país de ese organismo interamericano con las consecuencias que eso significa respecto de desconocer las instancias y mecanismos de protección internacional de los derechos humanos. Internamente y a partir del Golpe de Estado el país vive lo que hemos denominado una emergencia nacional en materia de derechos humanos, pues a raíz de esa fecha se reinstauraron viejas prácticas de la Doctrina de Seguridad Nacional destinada a sostener el régimen de facto mediante la represión e intimidación militar-policial, con graves consecuencias en las libertades civiles incluyendo atentados contra la vida humana. La militarización del país y el control del Ejercito sobre toda la institucionalidad pública con la aquiescencia de las nuevas autoridades civiles de facto, ha colocado a Honduras en una situación de vulnerabilidad de los derechos humanos que afecta en especial a los más pobres y excluidos como los grupos campesinos, niños y niñas, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, ambientalistas, personas con VIH, migrantes, etc; así como a colectivos de personas que han expresado cualquier forma de oposición al régimen de facto entre los que figuran maestros de educación, líderes políticos, diputados/as al Congreso Nacional, y otros que por su trabajo deben transmitir información sobre la resistencia organizada es el caso de la grave persecución a medios de comunicación y periodistas, entre otros casos. Honduras. Reporte de violaciones a derechos humanos despué