Honduras Urgente

Entrevista a Francisco Palacios Romeo, profesor de Derecho Constitucional, sobre los acontecimientos de Honduras

"La única manera de que una mesa de negociaciones avance sería con amenazas internacionales serias como el bloqueo económico y diplomático integral, con un cierre de fronteras incluido"
Salvador Lopes

Rebelión

“[…] Micheletti es muy directo y ya dijo en cuanto se instaló la mesa de negociaciones que la única manera de que Zelaya regresara a Honduras es directamente al Juzgado para responder por más de diez delitos. A partir de ahí, ¿qué mesa de negociaciones es posible? Zelaya ha hecho bien en aceptar la Mesa para que no se le acusara de intransigente, pero debe marcar un plazo y, sobre todo, debe dejar constancia de la nula voluntad de los golpistas para desalojar el poder usurpado.”

En su opinión, profesor Palacios, ¿ha habido o no ha habido un golpe militar anticonstitucional en Honduras? ¿Estamos ante una situación políticamente similar a la que ocurrió con Allende en 1973 o en España en 1936?

Sí ha habido un golpe de Estado anticonstitucional porque se ha desalojado por la fuerza al Presidente legítimo de Honduras. Uno de los argumentos golpistas es que lo ha destituido el Congreso avalado por la Corte Suprema pero… ¿Qué artículo constitucional habilita al Congreso a destituir al Presidente? Ninguno. ¿Qué articulo constitucional habilita a la Corte Suprema a destituir al Presidente? Ninguno. ¿Qué normativa autoriza a la Corte Suprema a detener al Presidente de esa manera y sin cumplir toda una serie de gravosos requisitos? Ninguna. No hay ningún mecanismo legal en la Constitución de Honduras para poder deponer al Presidente. Es más, la Constitución guarda silencio en cuestiones de fuero y estatuto del Presidente, así como en cuanto a las posibilidades su destitución por el Congreso. Solamente se habla de que la “Corte Suprema conocerá los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado y diputados”. Y es en este párrafo en el que hay que suponer (que es mucho suponer) que el Presidente va incluido en la acepción “los más altos funcionarios”. Y caso de que ello fuera posible debería haberse abierto un proceso pleno en garantías y de largo recorrido siguiendo todas las fases procesales a las que apela la normativa penal hondureña. ¿Algún tribunal ha incoado algún proceso? No. ¿Cabría incoar un proceso penal por éste motivo? Tampoco, porque la acción del Presidente, si acaso, nos conduciría a un conflicto de poderes pero nunca a responsabilidades penales por el hecho de habilitar una consulta popular.
Las tres situaciones que mencionas en tú pregunta tienen en común la ilegitimidad y la ilegalidad. En las tres ocasiones se depuso por la fuerza al gobierno legítimo del país. Las tres son situaciones en donde la fuerza bruta militar se utiliza contra la fuerza institucional-democrática. Aunque son también coyunturas distintas que merecerían un análisis por separado.



¿Cuál cree usted que era la finalidad del presidente Zelaya con la consulta?

El Presidente deseaba abrir un debate social sobre las posibilidades de una nueva Constitución. Sobre todo porque el texto constitucional de Honduras era un texto que venía lastrado por tener sus orígenes en la anterior junta militar golpista y por ser un texto de la segunda generación constitucional. El Presidente valoraba positivamente los nuevos modelos constitucionales latinoamericanos por las amplias posibilidades que asignaban en materia de derechos fundamentales, participación política y social, modelo soberanista del Estado y estructura de seguridad integral.
Hay que reparar en una gran diferencia de legitimidad histórica que separa dos fechas 1982 y 2009.
a) Año 2009, el Presidente democrático intentaba abrir un gran debate nacional -con la mayor parte de los grandes medios de comunicación oligopólicos en su contra- sobre si Honduras quería darse un nuevo modelo de contrato político.
b) Año 1982, una Junta militar dictatorial en el poder abre un proceso constituyente, en el que controla todos los escenarios: 1) no pregunta al pueblo sí desea o no desea una asamblea constituyente y en qué términos la desea; 2) la propia junta militar convoca la asamblea constituyente; 3) organiza las elecciones, controla el debate público y proclama los resultados; 4) dirige el gobierno y el país bajo la excepcionalidad dictatorial mientras se ejecutan los trabajos de la propia asamblea constituyente.


“Existe una casi sospechosa unanimidad en condenar la factura del golpe de Estado en Honduras”, ha escrito usted. ¿Por qué sospechosa?

Porque nunca ha habido tanta unanimidad en los más diversos gobiernos mundiales en condenar un golpe militar, incluidos gobiernos profundamente hostiles al gobierno hondureño y al Presidente Zelaya. Y eso ha sido por tres cosas. En primer lugar por la nueva estrategia de la hegemonía estadounidense por la que la dominación y la influencia deberán basarse en mecanismos de propaganda y de control que no pasen por operaciones de fuerza política anticonstitucional explícita salvo en casos extremos. Este no era un caso extremo y, sin embargo, la factura era obscenamente antiestética. Por ello, por ser una operación torpe y obscenamente antiestética ha sido desechada y condenada por Estados Unidos y, de seguido, por todos los círculos concéntricos estratégicos del hegemonismo estadounidense sin excepciones. Es decir, la nueva Administración Obama ha decidido desempolvar el concepto maquiavelista de “virtú” y reinterpretarse en su política exterior con mayor sagacidad y menor temeridad. En segundo lugar, la aceptación del golpe hubiera supuesto un precedente para la legitimación de cualesquiera acciones no institucionales o no jurídicamente homologables y eso no le interesa al sistema dominante, por el momento, ya que todavía domina la mayor parte de la superestructura jurídico-política de los Estados. En tercer lugar porque la imagen internacional del Presidente Zelaya no estaba deteriorada. Los medios masivos de intoxicación no habían podido sacarle ni un solo affaire negativo en los cuatro años de gestión.


El coronel hondureño Herberth Bayardo Inestroza ha afirmado que desde mediados de abril estaban asesorando al jefe del Estado Mayor Conjunto “para que no fuera a comprometer a las Fuerzas Armadas en una probable orden ilegal que podía emitir el Ejecutivo”. Según afirma este coronel golpista, pensaron que una orden de ese tipo era posible “por la situación que se venía dando desde el convenio con Venezuela sobre el ALBA y la firma en la plaza de La Libertad, en la que estuvieron jefes militares en una ceremonia política” y por una comparecencia del Ejecutivo en la que estuvo el subjefe del Estado Mayor Conjunto en lugar del Ministro o viceministro de Defensa. ¿Observa usted en todo ello indicios de ilegalidad?

La única autoridad que puede firmar convenios internacionales es el Presidente. La presencia de miembros de la Administración civil o militar en nada compromete a dichas autoridades en algo que es función y competencia del Presidente de la República. Los funcionarios -civiles o militares- suelen acompañar en la formalización protocolaria de los actos, pero nada más. En cuanto a la comparecencia del subjefe de Estado Mayor desconozco en que términos sustituyó o representó al ministro de defensa. Pero aún en el caso de que hubiera sido inconveniente no dejaría de ser un hecho insignificante de representación no estrictamente adecuada; aunque no olvidemos que la representación o sustitución protocolaria es un hecho muy laxo susceptible de innumerables variantes. En cualquier caso cuestiones sin importancia de orden protocolario cuya exhibición argumental sí que es indecorosa.


Para el coronel Bayardo Inestroza, sigo por este sendero tenebroso, el problema se da cuando el presidente Zelaya “da esa orden ilegal de emplear las Fuerzas Armadas para apoyar el proceso de la encuesta”. El 26 por la tarde, afirma, presentó al jefe del Estado Mayor Conjunto “una opinión que concluía que jurídica, ética y moralmente no era posible proporcionar apoyo porque el artículo 272 nos da un papel de garantes de la Constitución, de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia”. ¿Es así en su opinión? ¿No les era posible proporcionar ese apoyo a las fuerzas armas hondureñas constitucionalmente?

Las fuerzas armadas son garantes del orden constitucional pero sin autonomía deliberativa para ello. Las fuerzas armadas forman parte de la Administración del Estado, son la Administración militar del Estado. Y por lo tanto están subordinadas estrictamente a las órdenes que les imparte el poder ejecutivo, es decir el Presidente y el Gobierno.
Pero ya que el general golpista alude al artículo 272, comentemos el artículo 272. Y lo primero que dice este artículo es cómo las “las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante”. Es decir: “obediente”, “apolítica” y “no deliberante”. ¿Dónde está ahí la autonomía del Estado Mayor para opinar sobre lo bueno o lo malo que puede ser el Presidente Zelaya, o sobre lo divino y lo humano? No deliberante significa que en ningún caso pueden entrar en el debate interinstitucional. Obediente significa seguir órdenes siempre ¿Órdenes de quien? De aquella institución que prescribe la Constitución y que no es otra que la Presidencia de la República: “Ejercer el mando en Jefe de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General, y adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República (art. 245.16). Por lo tanto las fuerzas armadas tienen un Comandante en jefe que es el Presidente de la República.
Y cuando se cita la segunda parte del artículo 272 no se tiene en cuenta que cuando dice “pondrá a disposición del Tribunal Nacional de Elecciones” es sólo para acometer las funciones que describe ese mismo artículo: “garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso”. Por lo tanto, lo dicho en el artículo 272 no significa que tenga que ser transferida la función constitucional de comandante en jefe al Tribunal Electoral sino de que hay una obligación de colaboración con el Tribunal para tal menester. Funciones administrativas secundarias de las fuerzas armadas que en absoluto les da un papel deliberante en dichas funciones. Convertir una función constitucional subordinada en una traslación integral de competencias no deja de ser un razonamiento tan falaz como subordinada es la función del 271 respecto a la del 245. Sólo desde el ridículo se puede sostener que el Tribunal Electoral queda investido de Comandante en jefe durante los procesos electorales en interpretación del artículo 271. Es más, si así fuera sería un nuevo motivo para la inexcusable necesidad de una Asamblea Constituyente.


Déjeme hacerle la última pregunta sobre las declaraciones del coronel Inestroza. Sostiene también que el Ejército en pleno veía con recelo al presidente Zelaya. El señor Presidente, afirma este activista y simpatizante del golpismo, “estaba utilizando a la Fuerza Armada como una herramienta política”. ¿Es así? ¿Hay indicios y hechos que confirman esta acusación?

Cualquier coronel puede ver con todo el recelo que quiera al Presidente Zelaya como yo puedo ver con todo el recelo que quiera al Presidente Rodríguez Zapatero. En una democracia todo el mundo puede pensar lo que quiera de otros. Pero, ahora bien, cualquier funcionario público debe cumplir con sus obligaciones y con su deber de obediencia de forma inexcusable porque pertenecen a la Administración Pública como cuerpo. El Presidente de la República es la máxima autoridad en la dirección general del Estado (art. 247.2 y 247.12) y, por lo tanto, es la máxima autoridad de su brazo instrumental, como lo es la Administración Pública desde el siglo XV. No lo es el Congreso Nacional, ni la Corte Suprema ni mucho menos el Tribunal Electoral.
El coronel Inestroza debería saber que él ha elegido la profesión en donde la obediencia y la disciplina son omnipresentes y una de las razones de ser de dicha institución, precisamente porque es depositaria de los principales instrumentos de fuerza y violencia. Debería saber que el funcionario militar es el que mayor servidumbre tiene en cuanto al principio de obediencia. En el ejército tradicional existe una estructura cerrada de disciplina, hasta el punto que una figura del derecho penal como la eximente de obediencia debida -presente en todos los códigos penales del mundo- está pensada en función de la extrema servidumbre a la que están supeditados los cuerpos armados tanto hacia dentro como hacia fuera de la institución. Si a ello añadimos la rigurosa advertencia constitucional sobre la “no deliberación” del Ejército nos encontramos con que el coronel Inestroza confunde el Ejército con un clan mafioso dispuesto a cambiar sus lealtades en función de intereses espurios de grupo o de bandería. Y confunde al Estado constitucional con una taberna donde las normas y los comportamientos cambian al albur de la ingesta alcohólica. El coronel Inestroza debería aprender en primer lugar que es un Estado y, en segundo lugar, que son los derechos humanos.


¿Qué papel ha jugado en el proceso la Corte Suprema de Justicia hondureña? ¿Cómo se puede explicar un comportamiento así de una institución que dirige el poder judicial?

La Corte Suprema en su conjunto ha jugado un papel gregario institucionalmente hablando, aunque alguno de sus miembros sí ha participado en la dirección del golpe. Como institución se ha dedicado a convalidar las acciones golpistas del mando militar y del felón Micheletti. Su papel ha sido tan gregario que ni siquiera le dejaron dictar la Comunicación con anterioridad al golpe sino que le instaron a redactarla con el golpe ya consumado el día 28 de junio. Una Corte Suprema resolviendo a través de un Comunicado… La Corte Suprema ha sido el escribano del golpe al dictado de los coroneles de turno. No hay poder judicial más patético como el que le escribe las cartas al coronel.
Repárese en qué papel como juristas han jugado analizando sólo el último párrafo de dicha Comunicación que avala el golpe. Dice el Comunicado: “si el origen de las acciones del día de hoy esta basado en una orden judicial emitida por Juez competente, su ejecución esta enmarcada dentro de los preceptos legales, y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al Estado de Honduras, el Imperio de la Ley”. El silogismo resulta infantil: si el golpe militar se basa en una orden judicial emitida por un juez, la ejecución de dicho golpe de Estado está dentro de la ley y debe llevarse adelante con todas sus consecuencias. Es decir, que para cumplimentar una sentencia -susceptible de recursos- hay que detener a todo el Gobierno legítimo, destituir a su Presidente, deportarlo, proclamar el estado de sitio y reprimir y matar a ciudadanos. La pregunta sería: ¿va a tomar ese tipo de decisiones la Corte Suprema cada vez que un Alcalde o Gobernador o Ministro no acate una decisión judicial que hipotéticamente pueda contravenir la Constitución? ¿Va a convalidar un golpe de Estado o la destitución vía policial o militar de cualquier cargo electo cuando se dé cualquier tipo de conflicto entre el Estado central y un ayuntamiento, entre el Gobierno y el Congreso, entre un juzgado y otro, entre el Procurador y el Fiscal…? Es sencillamente grotesco. Casi tan grotesco como el amparo “expres” que ese mismo tribunal da al depuesto general golpista Romeo Vásquez alegando que se vulnera su “derecho al mérito”. Un amparo concedido en menos de 24 horas saltándose todos los procedimientos y prestando amparo respecto a una destitución del que es uno de los cargos de confianza más relevantes del Estado.


Por lo demás, ¿en qué condiciones políticas se elaboró la constitución hondureña? ¿Obraron los constituyentes con total libertad?

La Constitución se elabora bajo la influencia determinante de la junta militar golpista. Y se elabora bajo las condiciones que impone un gobierno dictatorial. Recordemos lo dicho con anterioridad, que es la propia junta militar presidida por el general Policarpo Paz la que convoca las elecciones para una Asamblea Constituyente, la que supervisa el proceso electoral y la que proclama los resultados. Y no sólo eso sino que es una junta militar que continúa ejerciendo el poder ejecutivo mientras la asamblea constituyente realiza sus trabajos, ¡Una junta militar que no se disuelve mientras se realizan trabajos constituyentes! ¿Alguien cree que los constituyentes actuaban con entera libertad? Peor aún: ¿son legítimas unas elecciones bajo la fiscalización de una dictadura? Unas elecciones en las que había encarcelados, organizaciones políticas ilegales, desapariciones sin esclarecer y amenazas a todo espacio presuntamente disidente. Incluso elevando la cuestión: ¿es legítima dicha Constitución? O yendo a la cuestión que nos ocupa: ¿es admisible que un texto constitucional con tales lastres no pueda ser totalmente reformado mediante una asamblea constituyente ni más ni menos que un cuarto de siglo después?
La Asamblea Constituyente de 1982 sería un pacto a tres bandas entre el Ejército, la oligarquía bipartidista y la secretaría de Estado de Ronald Reagan dentro de la nueva estrategia estadounidense de normalización institucional progresiva en aquellos Estados donde los golpes de Estado habían cumplido con su misión de limpiar la disidencia y establecer estructuras institucionales clientelistas y patrimonializadas. Es necesario recordar como la década de los ochenta es la década de reestablecimiento institucional controlado para la culminación del modelo neoliberal puro, el cual exigía igualmente una estructura política formalmente liberal. Resulta muy llamativo observar cómo en la década de los ochenta se produce el fin de toda la amplia serie de juntas militares que gobernaban el subcontinente. Cómo durante esa época se abren numerosos procesos constituyentes y procesos electorales al unísono. Quizá fuera, se ha dicho, por casualidad…

¿Casualidad? Sólo la ingenuidad o el cinismo pueden concluir que es casualidad, sobre todo porque en la en la práctica totalidad de los casos son las propias juntas militares las que inician el proceso: Bolivia en 1982, El Salvador en 1982, Argentina en 1983, Guatemala en 1984, Brasil en 1985, Uruguay en 1985, Chile en 1988, Paraguay en 1989. Como se ve es la práctica totalidad del continente la que inicia procesos constituyentes y primerizos procesos electorales. Es una orden lanzada desde Washington a todas las juntas golpistas. Es la década de transición política que tiene la misión de adaptar las super-estructuras políticas a las necesidades del modelo imperialista. Es decir, se pasa del Plan Condor (década de los setenta) a la nueva época que prepara la década del Consenso de Washington (década de los noventa) en donde se iba a introducir el nuevo modelo hegemónico económico-social de globalización neoliberal en donde las corporaciones multinacionales pudieran reconquistar el espacio que los Estados habían ganado en las décadas de los cincuenta y sesenta. La década de los ochenta debería ser la etapa de normalización institucional, de democracias formales controladas, de la continuación del control político y social por otros medios, una vez eliminados los núcleos fuertes de disidencia y oposición.
Y ahí es donde entra la Constituyente de Honduras de 1982 y el nuevo papel institucional del general Policarpo Paz (que ironía de apellido) instalado en el centro de la estrategia servil del imperio estadounidense. Y podemos volver a preguntar: ¿es realmente legítima la Constituyente del 82? Y sobre todo: ¿no es legítimo poder volver a pedir una Asamblea Constituyente, con esos antecedentes, 25 años después?
El articulo 374 de la Constitución hondureña afirma: “no podrá reformarse en ningún caso el articulo anterior 373”. Este artículo sostiene por su parte que “la reforma de esta constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará el artículo o artículos que hayan de reformarse…” y añade, como usted sabe muy bien, que no podrán reformarse en ningún caso los artículos relacionados a “la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la Republica el ciudadano que lo haya ejercido anteriormente y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el periodo subsiguiente”. Un articulado así, en una situación política-económica-social como la hondureña, ¿permite en algún caso concebible reformas constitucionales sustantivas?
Es un modelo de reforma constitucional que técnicamente se denomina muy rígido. Eso significa que es muy difícil poder modificar cualquier aspecto del texto constitucional. De hecho hay pocos textos tan rígidos como el de Honduras:
a) hacen falta que dos terceras partes del Congreso que aprueben la reforma para que esta pueda ser hecha;
b) hay que esperar a la siguiente legislatura para que avale nuevamente la reforma, debiendo alcanzar el mismo número de votos;
c) en ningún caso existe la posibilidad de intervención popular directa, el pueblo nunca va a poder opinar sobre la reforma;
d) hay artículos que la Constitución prohíbe modificar.

Por lo tanto estamos no sólo ante un texto ultra-rígido sino ante un texto con cláusulas de intangibilidad, por las cuales hay artículos y materias inmodificables a perpetuidad. Algo así como una cadena perpetua constitucional que vincule a todas las generaciones de hondureños hasta el final de los tiempos ¿Es eso concebible y legítimo? Y, sobre todo, ¿lo es teniendo en cuenta que fue un texto controlado y redactado bajo el poder ejecutivo de una junta militar?
Así que respondiendo a la pregunta podríamos decir que resulta casi imposible hacer reformas sustantivas y que hay artículos orgánicos que es imposible modificarlos. Y quiero resaltar que sí resulta plausible cobijar a los derechos fundamentales bajo cláusulas rígidas o incluso de intangibilidad en cuanto a la reducción o merma de dichos derechos fundamentales, con base a que los derechos fundamentales son conquistas personales y patrimonio de todos los seres humanos en la evolución de los estados constitucionales, mantenidas por convenios y tratados internacionales bajo clave ius cogens. Sin embargo, resulta inadmisible establecer dichas cláusulas para simples aspectos orgánicos de un texto constitucional, máxime por recónditos intereses de una asamblea constituyente tutelada como fue la de 1982.


¿Qué puede ocurrir en las negociaciones conducidas por Óscar Arias entre el presidente Zelaya y el representante del golpismo?

Creo que nada. Es una estrategia dilatoria de los golpistas y, sobre todo, de determinada diplomacia internacional para aparentar ante la opinión pública que se está intentando algo. Otra cosa no será pero el presidente-golpista Micheletti es muy directo y ya dijo en cuanto se instaló la mesa de negociaciones que la única manera de que Zelaya regresara a Honduras es directamente al Juzgado para responder por más de diez delitos. A partir de ahí, ¿qué mesa de negociaciones es posible? Zelaya ha hecho bien en aceptar la Mesa para que no se le acusara de intransigente, pero debe marcar un plazo y, sobre todo, debe dejar constancia de la nula voluntad de los golpistas para desalojar el poder usurpado. La única manera de que una mesa de negociaciones avanzara sería con amenazas internacionales serias tales como el bloqueo económico y diplomático integral, con un cierre de fronteras incluido. Otras medidas tibias no harán sino fortalecer día a día a la junta golpista.

Jurídicamente, ¿hay alguna salida admisible que no pase por la vuelta sin condiciones a la presidencia del presidente depuesto?

Pocas y todas ellas no constitucionales. El Presidente Zelaya es el Presidente legítimo al que le ha sido usurpado el poder. Ha habido una ruptura del orden democrático grave y debe retornarse a dicho orden. Por ello, y en una primera fase, habría que intentar una restitución integral de la anterior situación constitucional. Ello debería contar con el apoyo diplomático y toda la capacidad de presión de la sociedad internacional, fundamentalmente de la O.E.A. Podría ocurrir que la sociedad internacional no estuviera dispuesta a ejercer una presión fuerte y que la situación se estancara. En ese caso habría que intentar unas concesiones mínimas de segunda fase.
Estas contrapartidas mínimas podrían ser:

1) Contrapartidas a las instituciones golpistas:
a) que accediera a la Presidencia de la República un secretario de Estado del gabinete legítimo, a elección del Presidente Zelaya hasta los comicios de noviembre;
b) la declaratoria de una amnistía para todas las conductas ilegales de aquellas autoridades y personas autores o cómplices del golpe.

2) Contrapartidas a la Presidencia y gobierno legítimo:
a) retorno inmediato de Manuel Zelaya;
b) instalación de la cuarta urna en las elecciones de noviembre con la pregunta sobre una Asamblea Constituyente;
c) reconfiguración del Tribunal Supremo Electoral de manera paritaria entre Congreso y Gobierno.

El peor de los escenarios sería la progresiva indiferencia de la comunidad internacional. Entonces no quedaría sino la estrategia conjunta de los gobiernos latinoamericanos alternativos y una estrategia popular insurreccional en posible juego de suma cero.


La Administración Obama ha condenado lo sucedido aunque, si no estoy mal informado, la expresión “golpe militar” no ha sido usada hasta la fecha. ¿Cuál cree usted que ha sido el papel de Estados Unidos en los acontecimientos? ¿Han estado al margen? ¿No sabían nada? ¿No han podido hacer nada aunque quisieron evitar lo sucedido?

El presidente Obama ha condenado la usurpación de poder de manera no contundente. Sí la ha condenado pero no ha establecido una línea firme para la solución de la crisis.
Es difícil pensar que ninguna agencia de Estados Unidos ha intervenido en el golpe de Estado. Ninguna instancia orgánica de un Estado tradicionalmente subordinado como Honduras mueve ficha tan importante sin tener el plácet de la embajada estadounidense o, en su defecto, de algún círculo central de su Estado. Desde hace décadas hemos comprobado una y otra vez que las distintas agencias centrales de inteligencia o las instituciones económicas fundamentales de un Estado tienen lógica propia y capacidad de decisión al margen de cauces institucionales. Desde Proudhon hasta Chomsky pasando por Miliband se ha teorizado extensamente sobre el fenómeno estructural por el cual distintos organismos del Estado obedecen estrategias y dictados de otros grupos de presión distintos de las autoridades legítimas del propio Estado. Sobre todo los centros de inteligencia, el ejército o los bancos centrales. Pero lo más seguro es que el Presidente Obama nunca haya avalado ni pensado en este golpe. Al presidente Obama de seguro se le sustraen muchos centros de poder institucional y de presión. Él mismo está atrapado y con una capacidad de maniobra muy relativa que él asume y con la que él convive políticamente.
¿Por qué cree usted que se han producido tantas vacilaciones sobre lo sucedido en Honduras incluso en medios, digamos, tan civilizados y democráticos como El País?
Y no sólo vacilaciones sino creación indirecta de condiciones mediáticas objetivas para que se diera o sostuviera el golpe. El editorial de El País del día 27 de junio es estremecedor. Ese día el grupo golpista estaba debatiendo si el golpe se daba, cómo y cuando. Los golpistas -como todos los golpistas- tenían una sala de evaluación estratégica que medía las reacciones ante la situación y ante un presunto golpe. Una sala que medía actitudes a favor y en contra de Zelaya. Dicha sala elaboró informes periódicos para valorar las posibilidades del golpe. De esos informes se concluyó como el golpe tenía muchas posibilidades de ser viable. ¿Cómo elabora una sala situacional, una sala de evaluación estratégica ese tipo de dictámenes? Con unas amplias series de elementos entre los cuales se encuentra el estado de opinión. El estado de opinión lo compone un panel con los que se consideran medios de comunicación más influyentes. Y uno de los que puntúa -y puntúa alto- es el diario El País. Ese día 27 -día y medio antes del golpe- el editorial trataba a Zelaya como un forajido jurídico que estaba intentando constreñir tanto las libertades que ello explicaba el papel disuasorio que venía jugando el ejército. Y así -mintiendo sobre el carácter de la consulta- hablaba de “la moda de repetir mandatos presidenciales saltándose la ley”, apelaba a la conducta de Zelaya como propia del “caudillismo de izquierdas” y remataba –y esto es lo más grave- justificando las maniobras intimidatorias y pre-golpistas del Ejército, hablando de la “negativa militar a cooperar en la consulta ilegal”.


Los medios de comunicación no son ajenos a intereses ideológicos, políticos y económicos a pesa de esa tópica etiqueta de “independiente”. A la hora de analizar un fenómeno siempre valoran quien lo protagoniza y si ese protagonista está en su onda programática o no. Zelaya no estaba en la onda programática de las 9/10 partes de los grandes medios de comunicación. Por un lado, no han tenido más remedio que condenar el golpe porque era formalmente obsceno, pero, por otra parte, todos ellos han lanzado confusas y no argumentadas sombras de sospecha sobre el comportamiento constitucional del Presidente Zelaya porque no podían asignarle ni una pizca de legitimidad a quien no consideraban en su “programa positivo”. Y El País estaba en esa honda…

El País estaba en esa honda ya que todo aquel gobierno que intente formar parte del bloque de fuerzas políticas y gobiernos alternativos latinoamericanos está sometido a criminalización en línea editorial e informativa. Esa ha sido su opción y ellos lo saben. En El País hay mucha inteligencia en todos los sentidos y, por lo tanto, no les vamos a enseñar en que consisten los nuevos modelos políticos y como esos modelos -con todos sus problemas y errores- intentan profundizar en una sociedad más participativa, más social y más plural a construir a través de un nuevo Estado social, participativo y comunitarista. Por lo tanto, no hay que confundir la maldad con la idiotez. Y en El País pueden ser malvados pero no son precisamente idiotas. Su dirección sabe como en ningún sitio se debaten los derechos fundamentales y las garantías con tanta amplitud como en las nuevas experiencias de Venezuela, Ecuador, Bolivia o Paraguay. Y tampoco ignora como por primera vez en su Historia una gran cantidad de Estados son capaces de tomar las riendas soberanas sobre aspectos fundamentales de sus economías y cómo, por fin, pueden convertir en normal lo que era excepcional, que no era sino empezar a consumar básicamente ese viejo mito liberal, por cierto, de la soberanía de los Estados y de los pueblos no permitiendo que multinacionales y gobiernos hegemonistas controlen sus políticas públicas y condicionen su modelo de crecimiento (subdesarrollo y dependencia). Y en esa lógica podríamos incluir últimamente a Brasil, Argentina, Uruguay o la propia Honduras, además de los países arriba mencionados. Eso lo sabe El País, pero el problema de El País es el mismo problema que el de una gran parte de multinacionales y de grupos de poder, y es cómo ellos han iniciado una lógica de autopoiesis degenerativa por la que sólo acaba mirando por su crecimiento y por su capacidad para la determinación de otros espacios y grupos por parte de su propio grupo. Ese neurótico crecimiento totalizante no les lleva a crecer con identidad sino a perderla para acabar siendo integrados por el sistema superior en cuanto asumen pautas políticas y financieras de lógica insustraíble. Han sido deformados por las lógicas del crecimiento financiero y por su simbiosis circunstancial con otros espacios de poder que los traslada a escenarios de seducción social y cultural que poco o nada tiene ya que ver con su primigenia vocación progresista y humanista. Terminan durmiendo con el enemigo. Acaban siendo su peor enemigo.


Lo sucedido en Honduras, lo que está sucediendo, ¿puede ser un precedente, un modelo para futuras aventuras de la reacción en América Latina? ¿Puede pensarse en una nueva modalidad golpista? Acuso de inconstitucional tal o cual medida del gobierno, agito las Fuerzas Armadas, golpeo militarmente y más tarde, si es el caso, para dar buena impresión, negocio o converso desde una posición de poder armado poniendo a las fuerzas del cambio a mis pies y en una correlación de fuerzas muy desfavorable.

No es mala estrategia. Y que no es mala estrategia lo demuestra el hecho de que esa es, ya, su estrategia desde que en 1998 Hugo Chávez comienza un proceso de cambio y de transformación por vías escrupulosamente constitucionales. Chávez no parte del viejo supuesto subversivo por el cual todo el Derecho es un instrumento del enemigo y de las clases dominantes y que no merece ser considerado. Chávez asume el reto jurídico-político de los postulados democrático-comunitarios del enciclopedismo rousseauniano, toda la aportación del ius-publicismo social europeo, la capacidad crítico-análitica del marxismo, el pensamiento socialista decimonónico civil-gremialista e incluso mitos del viejo liberalismo como el de la soberanía. Paralelamente asume todo el corpus generacional de derechos asignándole lógica de sistema.. Con todo ello se configura un nuevo modelo constitucional que, por canales de puro institucionalismo democrático clásico y por una nueva institucionalización de estructuras de participación civil-popular transforme el tipo de Estado y sociedad. Tipología actual que es profundamente desigual, oligárquica y miserable y que, además, es uniforme en su modelo cultural de condicionamientos, roles y estereotipos. En definitiva, se configura un nuevo Derecho y se configura una profundización social-democrática a través de arquitecturas constitucionales e institucionales que habiliten dicho nuevo derecho. A esta hipótesis en construcción se le llama socialismo del siglo XXI, y no hay que permitir cínicos recelos con el término porque así se reivindicó todo el frustrado socialismo democrático del siglo XIX.
Por eso ahora ellos tienen que desacreditar el modelo, porque ya no luchan contra puras y simples estrategias marxistas-leninistas, contra grupos o movimientos miméticos komintern sino contra estrategias muchos más sólidas de ocupación y transformación del poder. Luchan contra un planteamiento en el que el nuevo modelo constitucional marca con concreción la forma de expansión e institucionalización de una sociedad civil-popular participativa y de un Estado integralmente soberano. Un nuevo modelo constitucional mucho más democrático, ius-garantista, participativo y soberanista que el viejo modelo del liberalismo occidental. Por ello, no hablan del modelo ni intentan discutir el modelo, sólo intentan satirizar los comportamientos de los gobernantes que están próximos a él urdiendo todo tipo de informaciones inexactas, sesgadas o, simplemente, falsas. Saben que se está intentando profundizar en derechos civiles, políticos y sociales que estaban prácticamente inéditos hasta ahora. Por eso tiene que inventar permanentes comportamientos antidemocráticos aunque sea descontextualizando y desdibujando con toda la habilidad que su oficio les enseña. Y esa es y va a seguir siendo su estrategia.
Lo que les puede resultar más difícil es articular golpes de Estado “legítimos” porque las fuerzas armadas no son tan monolíticas como hace 20 años y porque el movimiento popular es ya, en muchos países, difícilmente vencible. Y, en tercer lugar, porque los subsistemas geopolíticos y geoeconómicos ofrecen contrapesos mucho más complejos.


También usted ha señalado que algunos intelectuales, que suelen intervenir en El País o en medios de Prisa (Vargas Llosa y Villalobos, por ejemplo), hacen sus comentarios bajo el parapeto estratégico de condenar formalmente el golpe pero avalando el argumento del golpe. ¿Qué argumento avalan concretamente? En su opinión, ¿están convencidos de ello? ¿Están cegados políticamente? ¿No saben de qué hablan y agitan y agitan?

No dan argumentos jurídicos por sistema. Desde hace años trabajan con descalificaciones hechas con generalidades y con juicios políticos cuyos elementos extraen de las leyendas mediáticas que se han tejido sobre ellos. Determinados grandes medios de comunicación han fabricado estereotipos y matrices mediáticas que no hacen falta demostrarse. Y sobre ellas caminan. Y lo hacen bien sobre todo novelistas como Vargas Llosa que no hacen sino aplicar a la realidad política su profesión de fabulador profesional. Vargas Llosa no analiza la realidad política concreta de un mandatario sino que escribe La fiesta del Chivo, la aplica, festivamente, a todo lo que le conviene y califica de idiota a capricho. Buena prueba de ello es su último artículo en El País (12 de julio) en donde tiene la desfachatez de acusar al Presidente Zelaya de todos lo males universales y de ser el golpista originario, con base a mentiras puras sobre el comportamiento institucional del Presidente.
Ellos no ignoran ni están cegados políticamente, si acaso están cegados social y culturalmente. Ellos saben como son las oligarquías de sus países, qué situaciones han producido y siguen produciendo, como es la vida en sociedades desvertebradas y miserables. Quienes son los culpables. Lo saben y saben que hay que transitar a modelos de cambio, pero han sido seducidos por otros salones, por los salones de las oligarquías occidentales a los cuales no podrían acceder con discursos de cambio real. Y en los cuales no serían recibidos si no fueran radicales críticos de experiencias políticas que impugnan la existencia misma de todos esos salones. Han asumido un estatus social y un rol que les mimetiza con las oligarquías occidentales y les redime de tener que conformarse con los para ellos más chabacanos círculos sociales peruanos o salvadoreños. A cambio reciben becas exclusivas, programas de investigación, conferencias y cursos, galardones de todo tipo, recibimientos, condecoraciones…. Otros casos como el de Moisés Naím (Foreign Policy, National Endowement for Democracy)) son diferentes, son casos de clásicos técnicos del sistema que desde siempre han operado en espacios neurálgicos de poder y que están mucho mejor integrados en centros de inteligencia.. Vargas Llosa o Villalobos son starlettes, mientras Naim es un alevoso miembro de los centros de inteligencia. Cada uno tiene su papel.
A ellos se les puede aplicar lo ya dicho para los grandes grupos mediáticos: son víctimas de toda una lógica de cooptación e integración social en el sistema hegemónico. Si los grandes grupos mediáticos como El País han perdido toda su capacidad autopoietica esencial estos han perdido su personalidad, su independencia y se convierten en replicantes de los elementos del discurso del método de governanza.
En definitiva, y recapitulando, ahí están todas las diferencias, todas las luchas y el sentido de toda una vida, en una opción: ser integrados e intercambiables o deliberantes y libres. Manuel Zelaya ha elegido esto último.


Profesor Palacios, ¿le parece bien que dediquemos esta entrevista a la ciudadanía hondureña resistente, a los ciudadanos y ciudadanas que no están dispuestos a transigir con la barbarie, el golpismo, la traición y la sinrazón?

Es lo justo. Ellos son los héroes.

Francisco Palacios Romeo es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza y miembro del Comité Internacionalista de Aragón. Entre sus últimas publicaciones relacionadas con las transformaciones del Estado en Latinoamérica, cabe destacar: “La ruptura constitucional del Estado precario: los derechos sociales en el nuevo constitucionalismo iberoamericano. La especificidad del modelo venezolano” en Venezuela en transición. La experiencia bolivariana de gobierno, Ágora. Revista de Ciencias Sociales, nº 14, 2006, y “Constitucionalización de un sistema integral de derechos sociales. De la Daseinsvorsorge al Sumak Kawsay” en Desafíos Constitucionales. La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva, ed.: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Tribunal Constitucional, Quito, 2008.